Lo ocurrido en Popayan el dia de ayer, no es solo una tragedia: es el reflejo de una cadena de fallas que no pueden maquillarse como un simple “accidente”. Tres personas perdieron la vida y cerca de 40 resultaron heridas en un evento que, por su naturaleza, exigía los más altos estándares de seguridad. Y hoy la pregunta no es opcional es obligatoria: ¿quién responde?
Aquí hay responsabilidades que no se pueden diluir. Los organizadores tienen el deber de garantizar condiciones seguras, con logística, barreras, distancias y protocolos estrictos. Pero también está la responsabilidad de las autoridades: ¿quién dio el permiso?, ¿bajo qué criterios?, ¿hubo supervisión real o solo trámites de escritorio? Porque cuando el Estado autoriza, también asume un rol de garante.
No podemos aceptar que después de una tragedia de esta magnitud todo se reduzca a comunicados de condolencias y promesas vacías. Esto requiere investigaciones serias, independientes y transparentes. Si hubo negligencia, debe haber sanciones ejemplares. Si hubo omisiones, deben hacerse públicas. Y si hubo advertencias ignoradas, alguien tiene que dar la cara.
Lo más preocupante es que estos hechos parecen repetirse una y otra vez: eventos masivos sin controles suficientes, improvisación disfrazada de espectáculo y vidas humanas puestas en riesgo por la falta de rigor. No es mala suerte, es falta de prevención.
Hoy el llamado no es solo a la justicia, sino a la memoria y a la exigencia ciudadana. No podemos normalizar que el entretenimiento se convierta en tragedia. Las familias de las víctimas merecen verdad, reparación y garantías reales de no repetición. Y la sociedad merece saber que la vida está por encima de cualquier show.